El Mayor retirado de la Policía Nacional, Hermes Martín Arellano Chamorro, fue cobijado con medida de aseguramiento en la cárcel de Sabanalarga, mientras que el Teniente Eduardo Enrique Durán Albor y el Intendente Calazan David Berrio Hernández con detención domiciliaria, luego de haber sido llevados a audiencias preliminares.

A los uniformados el Fiscal 23 Seccional de Estructura de Apoyo de Barranquilla, Mauricio Chiquillo Jiménez, les imputó cargos de peculado por apropiación, amenazas y concierto para delinquir.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los uniformados cuando ocuparon cargos como comandantes y tener puestos administrativos en la Estación de Policía de Malambo se habrían apropiado de recursos del Estado destinados para protección de testigos y de víctimas dentro de la Ley de Justicia y Paz.

Estos recursos son denominados como “Programa de Asistencia Inicial”.

Según la denuncia instaurada por una beneficiaria de este programa, los hoy imputados no le giraban de forma completa el dinero que debía recibir por parte del Gobierno Nacional para su alimentación, arrendamiento de vivienda y otros gastos para ella y sus ocho hijos.

Las inconsistencias se agudizaron cuando un oficial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, adscrito a la unidad de Derechos Humanos, fue a realizarle una visita para establecer el por qué de las quejas porque ella en el sistema le aparecía que estaba recibiendo la ayuda económica. La sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta que después de vivir arrendada en una casa terminó viviendo en una casa de madera.

Del mismo modo, la denuncia instaurada por la mujer indicaba que los oficiales inmersos en la investigación presuntamente la amenazaban para que no dijera nada si llegaban uniformados de la Sipol de Bogotá a indagar su situación.

El “Programa de Asistencia Inicial” es entregado a los comandantes de Policía de cada municipio con el fin de que hagan uso de los mismos y apoyen a los beneficiados con el recurso asignado por el Gobierno Nacional.

El monto mensual que le habían asignado a la beneficiaria era de 3 millones 400 mil pesos cada 15 días y al parecer todo el dinero no era usado para beneficio de ella.